PARAISOS FISCALES Y G20

Intenso debate en Uruguay sobre qué hacer con la Argentina

 La presión de la Argentina, vía el G-20, para que Uruguay suministre la información sobre los ciudadanos argentinos con activos en Uruguay, provoca un intenso debate en Montevideo.

En Montevideo, el economista Gabriel Oddone y el abogado Alberto Varela, especializado en temas tributarios, opinaron sobre Uruguay y el G-20, y qué hacer con la presión de la Argentina.

Autopromocionado como el bufete "con más abogados que cualquier otra firma de origen uruguayo", Ferrere es el ámbito laboral de ambos referentes consultados por el matutino El País, y aquí un fragmento del diálogo:

"(...) -¿Los cambios que amenazan esa estrategia de Uruguay se han producido por efecto de la crisis europea?

-La crisis internacional, que se arrastra desde 2008, ha permitido colocar en la agenda mundial una vieja idea que la OCDE tenía en sus manos: la de intentar gravar la renta mundial, independientemente de la jurisdicción donde esa renta se produzca; esto es, procurar evitar que haya lugares donde personas que disfrutan del gasto público generado en una jurisdicción, pudieran estar ocultando parte de sus ingresos y, por lo tanto, no contribuyendo a financiar ese gasto público. Históricamente, la influencia intelectual de esas ideas de los burócratas de la OCDE tenía escasa penetración en los propios países miembros; sin embargo, esta crisis generó la oportunidad ideal para que esas motivaciones tuvieran oportunidad de plasmarse en acciones políticas. Y ahí empiezan los sinsabores para un país como Uruguay que había desplegado parte de su estrategia de inserción externa como un país que constituía una plaza financiera.

-¿Qué significa este nuevo escenario para Uruguay?

-Que Uruguay va a tener que enfrentar en los próximos años un escenario mucho menos propenso a permitir el libre flujo del comercio y el libre flujo financiero. En adelante, vamos a ver a Brasil y a Argentina desplegar políticas que intentan protegerse de la penetración de productos del extranjero, básicamente chinos, que tienen dificultades para ser colocados en mercados europeos por la recesión, y por lo tanto van a desplegar medidas proteccionistas. Eso va a suponer que Uruguay tendrá que negociar continuamente. Y por otro lado, vamos a ver una ofensiva mayor, amparada en esta política de la OCDE de que hay que eliminar los paraísos fiscales. ¿Eso que supone? Que Uruguay debe, inteligentemente, moverse en ese mundo.

-¿Cuáles son las opciones?

-Aquí hay dos aproximaciones extremas: una que dice: `Es mucho más lo que tenemos que perder que lo que tenemos para ganar, y por lo tanto hay que combatir para que esto no ocurra`. Es una aproximación ingenua, porque Uruguay no está en condiciones de resistir el embate sin que haya consecuencias. La realidad política mundial impone cambios y las cosas están ocurriendo a muy alta velocidad.

La otra aproximación posible, que está en el extremo opuesto, es resignarse: 'Bueno, dado que el mundo va en esta dirección, voy a definir un cronograma para hacer como Chile: cumplir con todos los estándares en materia de transparencia informativa de institucionalidad y de aspectos tributarios, para irme convirtiendo en un miembro del club'.

Yo creo que esa estrategia es incorrecta para Uruguay, porque estamos muy cerca de Argentina que va a seguir siendo, por mucho tiempo, un país inestable económica y políticamente. Eso supone que un conjunto de ventajas que este país ha acumulado para explotar parte de esas inestabilidades económicas de la región, no las podemos hacer desaparecer todas juntas, de forma apresurada.

Entendemos que cuando la crisis se supere y bajen los niveles de presión sobre las economías globales, una buena parte de esta agenda intervencionista se va a ir diluyendo y la presión sobre nuestros países va a bajar.

-¿Cuál es la estrategia que plantean ustedes?

-Partimos de que Uruguay no tiene otra chance que cumplir con los requisitos que la OCDE le está pidiendo. Sobre esa base, hay tres ideas sobre las cuales se debería trabajar:

1°) Uruguay debe decir con claridad que va a firmar acuerdos, para evitar la doble imposición, con los países relevantes: Argentina y Brasil. Insistimos: tratados que evitan la doble imposición, en un formato OCDE (que incluye un acuerdo de intercambio de información). Este tipo de tratado tiene como propósito evitar que las personas que tienen su residencia en la jurisdicción argentina o brasileña, terminen pagando dos veces al fisco. Lo que le gravamos de renta aquí no debe ser gravado en el otro país.

2°) En la medida que uno de los reclamos de la OCDE es eliminar las sociedades con acciones al portador, hay que definir un ámbito institucional, independiente de la DGI, que sea el depositario de la información de la titularidad de las sociedades anónimas, y que preserve y proteja la información, de forma que sólo pueda ser divulgada ante un requerimiento específico que cumpla con los procedimientos establecidos en los tratados que se firmen.

3°) Uruguay debe habilitar que actividades comerciales, industriales o de servicios que se desarrollan en el país, puedan hacerse sobre la base de sociedades que estén alojadas en jurisdicciones del exterior (y que no formen parte de ninguna lista de paraísos fiscales). Esas sociedades podrían estar registradas en Holanda, España, etc. Esto lo acepta la propia OCDE.

Estas líneas de acción suponen cambios, pero no cambios dramáticos. Uruguay podría así seguir explotando sus ventajas en una región propensa a turbulencias económicas que se resuelven a menudo con medidas políticas que agreden los derechos de los inversores y los derechos de los ahorristas, como ya ha sucedido en Argentina.

-¿Qué sanciones podría imponer la OCDE a Uruguay?

-La OCDE no impone sanciones; lo que puede hacer es recomendar ciertas acciones a los países miembros; por ejemplo, recomendar a los organismos internacionales no dar créditos a los países que no cumplen con los requisitos de transparencia. También puede propiciar que los países que quieran aplicarnos sanciones puedan tener la legitimación de la comunidad internacional. Por poner un ejemplo: si Argentina quisiera hoy aplicarnos sanciones unilateralmente, Uruguay podría denunciar que está siendo objeto de un tratamiento discriminatorio. Pero si no estamos dispuestos a firmar un tratado como reclama la OCDE, Argentina estaría en condiciones de aplicarnos sanciones contando con la bendición de la comunidad internacional.

No es con el cuco que nos corren. Las amenazas son ciertas y si uno observa la cantidad de tratados tributarios que se han firmado en los últimos dos años -más de 500-, es evidencia de que las amenazas van en serio. El primer paso es recurrir a la creación de listas `negras` o listas `grises` como forma de presión, y recurrir al name to shame: nombrar para avergonzar, como ha hecho el presidente Nicolas Sarzoky en la reunión del G-20. (...)".