EDITORIAL

El shopping de votos en el Senado nacional

Por Rubén Enríquez

Entonces Hugo Moyano era el titular de la CGT rebelde, no la oficial, en poder de los denominados «gordos». De la Rúa era el presidente de la Nación, y Alberto Flamarique, que había arrancad como coordinador de los equipos de la Alianza, era nombrado ministro de Trabajo.

Carlos Chacho Álvarez, vicepresidente de la Nación, sintió que con ese nombramiento se le daba a un bofetazo, entendiendo que se lo privaba por completo de respaldo político ante las coimas en el senado por la aprobación de la Ley Laboral el 26 de abril de 2000.

La noche del 6 de octubre de ese mismo año, Álvarez renunció por televisión en estudiado horario de noticiero central, con móviles en vivo en desde el Hotel Castelar, acompañado por Aníbal Ibarra (jefe de Gobierno porteño) y Edgardo Di Dío (intendente de Lomas de Zamora).

Ya Moyano había referido escuchar a Flamarique decir: «Para convencer a los senadores tenemos la Banelco».

Terrible, tremendo, temible, pero real. Fueron momentos agitados para la República, previos a la gran debacle.

A las dos horas de la dimisión de su compañero de fórmula, el papanatas que ocupaba la presidencia hablaba por cadena nacional, asegurando: «Aquí no hay crisis... Voy a pelear hasta el final todas las batallas».

La conocida como «Ley Banelco» recién fue sustituida en 2004, en medio de otro escándalo, en oportunidad que Pontaquarto cometiera el sincericidio de explicar con detalles que él en persona había llevado las valijas con el dinero para coimear a los senadores, provisto por quien fuera el titular de la Side, Fernando De Santibáñez.

A la hora del cambio de ley, la mayoría de los senadores supuestamente «banelquizados» habían terminado su mandato. El proyecto girado al parlamento en tiempos de Kirchner halló también una nueva conformación en la cámara baja, donde recibió 215 votos a favor y 23 en contra.

José María Díaz Bancalari y Saúl Ubaldini fueron los portavoces del oficialismo. Hablaron muchos: Margarita Stolbizer, Marta Maffei, Miguel Bonasso, Luis Zamora, Graciela Camaño, Alicia Castro, y un Jorge Rivas enojado con el gobierno.

Se cumplieron más de 10 años, y el mayor escándalo de corrupción del Senado de los últimos tiempos -desde el asesinato del senador Bordabehere en 1935, en plena política entreguista por los negociados con la venta de carnes a Gran Bretaña- sigue impune.

A parecer el tribunal oral está terminando las últimas medidas preliminares, y es probable que a principios del año próximo comience el juicio.

Mientras tanto, en pleno 2010 la senadora correntina Josefina Meabe de Matho volvió a sacar el tema, no de aquellos probables sobornos sino de los actuales posibles cohechos, cuando la semana pasada enunció: "Voy a decirles la verdad. El Gobierno usa en el Senado un mecanismo que nosotros en la oposición no podemos solventar". Se sumó Felipe Solá con una declaración funesta, según la cual: "Cuando el Gobierno tiene dificultades, sale de shopping por el Senado". A los que se agregó (no se la iba a perder) Elisa Carrió, quien precisó: "El Gobierno compra senadores. Esa es la única verdad".

¿Tendrán acabada idea estas personas de la gravedad de lo que están diciendo?

La senadora correntina por el Partido Liberal no condenó la práctica, sino que directamente se refirió a los montos: «Nosotros en la oposición no lo podemos solventar». El diputado candidato a Presidente por el Peronismo Federal habló de «shopping», lo que en español significa «compras». Y la jurista chaqueña refrendó la «compra de senadores como única realidad».

Ninguno de los tres declaró ante un fiscal, ningún juez actuó de oficio. Todos siguen al ritmo de la macabra danza que destruye la fe pública.

Hace pocos meses, la misma Presidente de la Nación manifestó públicamente la existencia de jueces «alquilados» y una «justicia delivery», lo que le valió un entredicho con el ministro decano de la Suprema Corte.

Es imposible que ninguna de estas personas, adultas, profesionales, con responsabilidades públicas, no piensen en las consecuencias que sus dichos generan en la ciudadanía.

Si lo que dicen es lo que piensan, y tienen basamento y pruebas, que lo declaren ante un juez de la Nación, no frente a los micrófonos y cámaras de TV. O definitivamente que se callen, al menos por unos meses hasta las elecciones, cuando todos sabemos que hablan boludeces full time, pero entonces sacamos los escudos protectores de la inteligencia, incómodos pero imprescindibes.

La lengua de los políticos es similar a la pala excavadora que hiciera caer el gimnasio en Villa Urquiza, hace pocos días en Capital. La construcción del discurso de los unos, provoca la rajadura y posterior demolición del discurso de los otros. En semejante disputa, histérica y maquiavélica, no advierten que ni uno termina de erigirse ni el otro de mantenerse. Y mucho menos les importa que entre los cascotes se debata el discernimiento popular.  

Ojalá paren a tiempo, porque están destruyendo el valor de la palabra, están quebrantando la facultad de escuchar, y lo peor: están atentando contra toda práctica o ensayo de paciencia.