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Pedido de informes al Banco Provincia de Buenos Aires
El presidente del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Walter Martello, presentó un pedido de informes al Ejecutivo bonaerense, ante las denuncias que vienen realizando empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, respecto a que las autoridades de esa entidad bancaria no estarían adoptando las acciones necesarias para evitar las salideras y otros hechos delictivos .
'Es una hipocresía total que el gobierno de Scioli se llene la boca diciendo que se van a obligar a los bancos a poner biombos, cámaras de seguridad e inhibidores de celulares, cuando la propia Provincia está en falta y ni siquiera es capaz de garantizar mínimas condiciones de seguridad a clientes y empleados del Bapro', dijo Martello. Según vienen denunciando los integrantes de la Comisión Interna Gremial del Banco Provincia, desde donde enviaron una nota al gobernador Daniel Scioli, las autoridades de la entidad están muy atrasadas en el cumplimiento de las medidas dispuestas por la comunicación A 3390 del Banco Central (BCRA), del 21 de diciembre de 2001. Dicha disposición establece la obligación de instalar circuitos cerrados de televisión de seguridad (CCTV) en todos los bancos. Los empleados afirman que faltan en más de 120 sucursales y, que además muchas de las cámaras instaladas no tienen el control correspondiente. También denuncian que no se cumple con la comunicación 'A' 4478 del BCRA, del año 2008, que ordena el cierre vidriado de cajas hasta una altura mínima de 2,20 metros desde el mostrador. Los empleados consideran que esta medida es fundamental para desalentar los robos exprés. Pero de las 350 sucursales que tiene el Bapro, solamente 10 cumplen con ese requisito, cuando el compromiso inicial preveía cumplirlo para 2009 y las propias autoridades habrían pedido una prórroga para finalizarlo recién en 2013. 'Queremos que el Ejecutivo provincial de explicaciones sobre esta grave situación. Y también le informe a la sociedad si es cierto que estas simples disposiciones de seguridad no se cumplen porque no se cuenta con el personal necesario, debido a que la planta de personal del Bapro fue reducida en 1300 personas en los últimos dos años', dijo Martello. La falta de personal provoca demoras en la atención y la consecuente aglomeración de clientes en los salones de la Casa Central y en las sucursales. Y ello, según afirman los propios empleados, facilita la tarea de aquellos que se dedican a ser los informantes en el caso de las salideras. 'También debe investigarse la contratación de empresas de seguridad privada que hizo el Bapro, con el objetivo de bajar costos laborales. Muchas de las empresas de este rubro fueron cuestionadas por el propio Ministerio de Justicia y Seguridad, y existen sospechas de que algunas de ellas se estarían nutriendo de la 'mano de obra' desocupada que fue expulsada de distintas fuerzas de seguridad', concluyó el diputado bonaerense. |
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