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La Salud Pública en la basura
La comuna lomense desechó ocho toneladas de medicamentos provenientes de Nación, luego de permitir que se vencieran y sin ser distribuidos entre los pacientes de escasos recursos.
La indignación que generó esta información en los vecinos es indescriptible. El intendente y su gabinete intentaron minimizarla, lo lograron con la prensa adicta, y como no tienen otra relación con la gente, porque cuando salen de sus despachos es para ascender a los autos y 4x4 oficiales con vidrios polarizados -siempre con rumbo incierto-, prefieren pensar que nada sucedió. Pero como siempre sucede en estos casos, en la calle la realidad supera cualquier película de laboratorio con que se la pretenda ocultar. La población más castigada y postergada por la situación laboral y socioeconómica, la que carece de obra social o recursos para atender su salud, y hace extensas colas para ser atendidos en las Unidades Sanitarias y Hospitales desde la madrugada, a esa gente no la engañan más. A ellos estaban destinados los medicamentos que el Gobierno nacional envió a Lomas mediante el Plan Remediar, y que acá los dejaron vencer sin más trámite, para finalmente arrojarlos al Ceamse. Hay mucha bronca en la primera línea del gobierno kirchnerista, con la Presidente a la cabeza. Hay un pedido de informes al Ejecutivo por parte de un diputado nacional de la oposición. (Ver recuadro en esta página). El gobernador bonaerense envió a dos funcionarios de su exclusiva confianza a averiguar la gravedad de este desfalco, con la orden de mantener el perfil bajo y no hacer contacto con ningún integrante del gabinete del jefe comunal. «La versión oficial ya me la contaron, ustedes me tienen que traer la verdad política», les habría recomendado Scioli. El único ámbito en el que por naturaleza el escándalo debería haber repercutido de modo mayúsculo, el Concejo Deliberante lomense, recién está juntando los votos para una sesión extraordinaria. El 25 de junio, según Expediente 771-P-10, un grupo de ediles decretaron la comparencia al recinto del Secretario de Salud, Dr. Oscar Palacios, y a quien lo precediera en el cargo, Dr. Panno; este último, probablemente para cubrir su responsabilidad, adelantó vía periodística que el intendente estaba al tanto del tema desde hacía bastante tiempo. La sesión no se realizó y nadie supo por qué; cierto es que nadie se presentó en el cuerpo para deliberar, como es obligatorio, ni siquiera los concejales que habían solicitado la sesión, cuyas firmas pueden verse en el facsímil del recuadro de la izquierda de la página 13. Tres días después, nuevamente un grupo de 11 concejales (cuyas firmas se reproducen en el recuadro de la derecha de la página 13), presentaron al Presidente del cuerpo, concejal Carasatorre, la convocatoria a sesión extraordinaria para el 30 de junio, que tampoco se llevó a cabo. Recién esta semana hubo movimientos en el tablero. El miércoles el pedido realizado por Unión Celeste y Blanco, Peronismo Federal, LIPEBO, el Acuerdo Cívico y Social, de tratar sobre tablas el pedido de informes. chocó con lo dispuesto por el Frente para la Victoria, que impuso el criterio de que se necesitaba mayoría calificada. La oposición no logró reunir esos dos tercios necesarios, pero sí reunió 14 ediles, cambiando sustancialmente la conformación política del honorable cuerpo, dotándola de quórum propio y en condiciones de sesionar y aprobar todo aquello que no requiera mayorías especiales. A esas horas se llevaron adelante febriles reuniones para lograr el apoyo de dos concejales más para ostentar la suma requerida, y contar con el número requerido para quebrar la voluntad denegatorio del oficialismo. Contar con el voto de esos dos concejales, no sólo liberaría numéricamente al HCD, sino que estaría en condiciones la oposición de solicitar la presidencia del cuerpo, que ocupa agónicamente Carasatorre en nombre del FpV. A partir de allí, si se consiguiera ese par de votos, no solamente avanzaría la investigación y se concretaría la comparencia de los dos Secretarios de Salud (el actual y el anterior), sino que, de acuerdo a lo manifestado en el peronismo federal, cabría la posibilidad de sancionar al intendente con una suspensión en el cargo hasta que este escándalo concluya. Otro elemento que permitiría avanzar en la investigación en el Deliberativo local, es el contenido de la presentación que haría un abogado lomense (ex funcionario comunal), ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. (Ver recuadro posterior de la página 13). El letrado tendría ya redactado un escrito de 24 páginas solicitará que, con el concurso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el Fiscal de Control Administrativo de dicha cartera, se inicie un expediente referido a la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los funcionarios mencionados, entre los cuales están los doctores Oscar Palacios y Roberto Panno y el intendente municipal. Nuestra fuente nos asegura que esto podría ser demoledor para el oficialismo, porque la información allí contenida contendría lo referido a la recepción de los medicamentos en la Municipalidad de Lomas de Zamora, los responsables de su custodia y distribución, con fechas, números de partida, detalles posológicos, «y las planillas de provisión, disposición y prelación de uso en razón de los vencimientos farmacológicos». Un farmacéutico que visitó nuestra redacción estimó que una caja de remedios, con dos blister en su interior, tiene un peso promedio de 20 gramos, por lo que nos preguntamos cuántas cajas equivalen a 8 toneladas, y a consecuencia de ello, en qué dependencia estarían guardadas y en qué condiciones, porque hasta donde se pudo averiguar, nadie nunca vio semejante cantidad de medicamentos. Con todo, lo cierto es que estuvieren donde estuviesen, esos medicamentos se vencieron. En estas semanas se escucharon todo tipo de versiones en torno a este tema, desde las más alocadas y detectivescas, hasta las más probables e indignantes. Hasta hubo una senadora que aseguró en declaraciones periodísticas (no a nuestro medio) que esos medicamentos se vendían en las ferias de Lomas, y que todos lo sabían. Nosotros le preguntaríamos por qué enigmática razón no lo denunció, mucho más a partir de su condición de legisladora. ¿O será que todos juegan a las escondidas con la Salud Pública? ¿No tendrán límites en su conciencia para separar la política como especulación y mezquindad de los derechos de la gente a una vida sana? Pareciera que no entienden que los medicamentos fueron comprados por el Estado nacional para ser entregados de manera gratuita entre los pobladores con más necesidad perentoria de atención médica. Pareciera que el internismo y la política como lucha y fin en sí misma los inhibiera de responsabilidades. Varios concejales declararon que llevarían el caso a la justicia ordinaria, pero nadie les cree, porque lo que menos quieren todos (de cualquier bloque) es a un fiscal instalado en la municipalidad hurgando sus papeles. Sería una presencia sumamente molesta, incómoda y peligrosa. Lo único cierto hoy es que la Salud Pública en Lomas de Zamora está herida gravemente, y no puede ser tratada porque los medicamentos institucionales parecen también están vencidos.
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